Prácticas genocidas en la dictadura chilena, 1973-1990


ABSTRACT


Este artículo aborda la dictadura chilena (1973-1990) desde la perspectiva de las prácticas genocidas. Privilegia una mirada que no se restringe únicamente al asesinato masivo, aunque lo incluye, sino que considera un sinnúmero de prácticas de poder, empleadas en Chile a partir del golpe de Estado, que apuntan al objetivo último de aniquilar a un grupo percibido y definido por los perpetradores (aunque no necesariamente autopercibidos como tal) como resistente y amenazante a la instalación del proyecto de reorganización social al que la dictadura apuntaba, por cuanto constituía el sostén de un determinado modo de lazo social, profundamente antagónico al “nuevo orden”.



“Así como los vampiros eran declarados inhumanos a causa de su carencia de reflejo, también nosotros somos privados de nuestra humanidad cuando ella no se refleja más en los ojos del observador.” (Bartov 2000)

INTRODUCCIÓN



En la década de los ’80, emergió en algunos países, fundamentalmente EE.UU., un nuevo campo de estudio, conocido como “estudios de genocidio”. Desde ese momento, una importante cantidad de investigaciones académicas se han desarrollado, fundamentalmente en la perspectiva de análisis comparativos, tendientes a establecer tipologías que pudieran ser no sólo descriptivas de acontecimientos históricos del pasado, sino también normativas y preventivas. En nuestro país no hay, en mi conocimiento, líneas de investigación, grupos o programas de estudio en universidades que pudieran ser comprendidos dentro de los estudios de genocidio, es decir, que tengan como objetivo primordial la investigación de los genocidios, con miras a la descripción y a la generación de políticas de prevención y de normativas de carácter sancionador. A mi juicio, esta inexistencia tiene relevancia, por cuanto hay acontecimientos históricos, como la dictadura, y situaciones actuales, como la del pueblo mapuche, cuya comprensión podría beneficiarse de esta perspectiva. En efecto, la situación del pueblo mapuche con respecto al Estado es una señal de alarma, puesto que contiene elementos de lo puede definirse como “precondiciones de genocidio” (Harff 2005).

Ahora bien, en lo que sigue, intentaré dar una mirada a los rendimientos que tiene el concepto de genocidio en una mirada a la dictadura de Pinochet. No es una ambición de esta investigación hacer aportes teóricos al campo de los estudios de genocidio, sino que se contenta con la aplicación de sus descubrimientos y desarrollos a un caso raramente estudiado desde esta perspectiva; la dictadura de Pinochet.

Comenzaré por una revisión del concepto, intentando delinear el uso que hago del mismo, con la noción de “prácticas genocidas”, propuesta por sociólogo argentino Daniel Feierstein (2007).  Utilizaré de ese autor también el concepto de “genocidio reorganizador”, algunas consideraciones sobre lo que puede llamarse “estrategias de legitimación”, fundamentalmente en lo referido a la construcción del otro de la dictadura y, finalmente, algunas ideas sobre la función de los campos de concentración, la tortura y la desaparición de personas, en el contexto de las prácticas genocidas.

Antes de comenzar este recorrido, adelanto las tesis:

1) El término “prácticas genocidas” privilegia una mirada que no se restringe únicamente al asesinato masivo, aunque lo incluye, sino a un sinnúmero de prácticas de poder, empleadas en Chile a partir del golpe de Estado, que apuntan sin embargo al objetivo último de aniquilar al grupo percibido y definido por los perpetradores (no necesariamente autopercibidos como tal) como amenazante, y de aniquilarlo o destruirlo en tanto tal, es decir, en su existencia de grupo.

2) El concepto “genocidio reorganizador” se inserta en esta trama, por cuanto permite destacar que el grupo-víctima es definido en función de las modalidades de relación social que lo distinguen, y que es objetivo del genocidio transformar dichos modos de relación social, suplantándolas por unas nuevas (aunque retomen elementos de la tradición) acordes al proyecto de sociedad que se busca instalar. Se trata de un genocidio que apunta a la instalación de una nueva hegemonía, y que es resultado de la toma del poder por una élite emergente, que para instalar y sostener su proyecto, requiere transformar aspectos más profundos de la sociedad. De esta manera, el concepto permite vislumbrar las relaciones entre la dictadura y los modos de relación social prevalentes en el Chile post-dictatorial (o contemporáneo).

3) Las “estrategias de legitimación” son cruciales, por cuanto unas prácticas genocidas particularmente cruentas como las implementadas en Chile sobre un grupo determinado de la población, requieren de la “sensibilización” previa y constante de la población para aceptar, apoyar e incluso participar en ellas. La construcción del otro es aquí la clave, y la función de los medios de comunicación, como El Mercurio, indispensable. Estas estrategias se desarrollan de acuerdo a ideologías específicas, binarias, excluyentes y autoritarias, que para el caso es la correspondiente a la Guerra Fría, y más particularmente la Doctrina de Seguridad Nacional.

4) Los campos de concentración, la tortura y la desaparición de personas, son los dispositivos o prácticas genocidas preferentemente utilizados en nuestro país durante el período en cuestión, a través de los cuales se intentó llevar a cabo el proyecto reorganizador de relaciones sociales.


EL CONCEPTO DE “GENOCIDIO”


El concepto de genocidio nace íntimamente ligado al régimen nazi. Encuentra sus antecedentes en la doctrina de Nuremberg (Ternon 1995), donde fue creada la figura de “crimen contra la humanidad”, aunque tiene un padre y una fecha de nacimiento singularmente circunscrita. Raphael Lemkin (1900-1959), jurista judío de origen polaco, emigrado a EE.UU. en 1939, lo acuña en su libro El dominio del Eje en la Europa ocupada, publicado en 1944, para hacer “denotar una antigua costumbre en su expresión moderna” (2009, 153).

La definición de Lemkin es la siguiente:

“(…) un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos de ciudadanos, con el propósito de aniquilar a los grupos mismos. Los objetivos de un plan semejante serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, del lenguaje, de los sentimientos de patriotismo, de la religión y de la existencia económica de grupos nacionales y la destrucción de la seguridad, libertad, salud y dignidad personales e incluso de las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos.” (2009, 153)

Y más adelante señala: “El genocidio tiene dos etapas: una, la destrucción del patrón nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición del patrón nacional del opresor.” (2009, 154)

El concepto es rápidamente incorporado al debate internacional, particularmente a partir de la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1946, cuya resolución 96 (1), aporta una primera definición. Destaco algunas partes de ella:

“El genocidio es el repudio del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, del mismo modo que el homicidio es el repudio del derecho a la existencia de un individuo (…)

Se han perpetrado crímenes de genocidio que han destruido entera o parcialmente grupos raciales, religiosos, políticos y otros.

(…) el genocidio es un crimen del derecho de gentes que el mundo civilizado condena y por el cual los autores principales o sus cómplices, ya sean particulares, funcionarios u hombres de Estado, deben ser castigados, ya se trate de motivos raciales, religiosos, políticos o por otras razones (…)” (en Ternon 1995, 38)

Esta primera definición, cercana a la de Lemkin, se pierde más tarde, cuando ya no se trata únicamente de declaración de intenciones, sino de compromisos políticos internacionales. En 1947, el Consejo Económico y Social de la ONU encarga a un grupo de juristas, Lemkin entre ellos, redactar un proyecto de convención sobre genocidio, pero dado que no había sido realizado por una comisión especial, ni se habían agregado observaciones de los diferentes países, un comité especial, compuesto por representantes de 7 países (China, EE.UU., Francia, Líbano, Polonia, URSS y Venezuela), redactó finalmente el documento. Así, el 9 de diciembre de 1948, resolución 260 A (III), la Asamblea General, aprueba por unanimidad la “Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio” (en Ternon 1995, 42-3)[i].

El texto aprobado ya no comparte la apertura de la propuesta de Lemkin ni de la resolución de 1946 de la ONU, sino que por el contrario se vuelve sumamente restrictiva y, en opinión de gran parte de los investigadores provenientes del mundo de las, ciencias sociales y humanidades, inaplicable.

La Convención, en su artículo II, el más polémico, define el genocidio como sigue:

“(…) el genocidio se entiende como uno de los actos abajo reseñados, cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como:

a) Asesinato de miembros del grupo;

b) Atentado grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sumisión intencionada del grupo a condiciones de existencia que pueden entrañar su destrucción física total o parcial;

d) Medidas que persigan dificultar los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado forzoso de niños de un grupo a otro grupo.” (en Ternon 1995, 42) [Mis cursivas]

Como puede observarse, la primera diferencia con la resolución del ’46, y la más relevante para el caso que nos concierne, es la exclusión de los grupos políticos y, yendo más lejos, la idea de que sólo algunos grupos son protegidos por la Convención, y no cualquiera sobre el cual en el futuro pudieran cometerse actos similares. Imaginemos dos casos: las mujeres y los homosexuales.[1]

Como se señaló al pasar, la exclusión de los grupos políticos respondió a las negociaciones de la época, a la reticencia de la URSS, sus países aliados y los EE.UU, a firmarla en esos términos. La Convención es retroactiva, por lo cual no sólo los coartaba en planes futuros, sino que también podía juzgar actos perpetrados en el pasado.

Otras de las cuestiones conflictivas de la Convención, era la dificultad de determinar la “intención” genocida, puesto que rara vez los perpetrados han declarado abiertamente sus intenciones (como Hitler en Mein Kampf) o dejado documentos o piezas probatorias de ellas. Distintas interpretaciones y modos de determinar la intención se han resuelto a través de la Jurisprudencia, particularmente con las comisiones creadas para juzgar los acontecimientos de la ex Yugoslavia (TPIY) y de Ruanda (TPIR). La intención, puede concluirse, no es algo que deba determinarse excluidamente por el reconocimiento explícito de los perpetradores, sino que “podría ser inferida de las circunstancias que rodean los actos en cuestión” (Bjornlund, Markusen and Mennecke 2005, 32).

Las problemáticas de la Convención han llevado al menos a dos revisiones críticas desde el interior mismo de la ONU, ambas solicitadas por la “Subcomisión de Lucha Contra las Medidas Discriminatorias y de la Protección de las Minorías”, una en 1969, que no tuvo mayor impacto, y otra en 1982, llevada a cabo por Benjamin Whitaker, cuyo informe fue entregado en 1985 con el título “Informe sobre la prevención y sanción del crimen de genocidio”, también conocido como Informe Whitaker (en Lemkin 2009, 399-466). Este informe, a pesar de la importancia que los especialistas le han otorgado, tampoco fue presentado a la Asamblea General y sufrió el mismo destino que el primero. Sin embargo, tiene la importancia de señalar varias deficiencias de la Convención, sobre todo el recordatorio de las palabras del representante de Francia en el debate del Consejo Económico y Social: “mientras en el pasado los crímenes de genocidio se cometieron por motivos raciales o religiosos, era evidente que en el futuro se cometerían principalmente por motivos políticos”, y esta opinión recibió vigoroso apoyo de otros representantes. En una era de ideología, se mata por motivos ideológicos”, agrega Whitaker (en Lemkin 2009, 428).

En los que respecta a las dictaduras del Cono Sur, y en especial a la chilena, en 1998, se agrega desde el ámbito judicial una importante revisión que, aunque sin proponer directamente modificar la definición de la Convención, aporta nuevos elementos interpretativos. Me refiero al intento del juez español Baltazar Garzón por juzgar a Pinochet y otros miembros de la Junta por el crimen de genocidio (Auto de Procesamiento 10.12.98 contra Augusto Pinochet Ugarte). La interpretación de Garzón descansaba en la idea de concebir lo sucedido en Chile como la “intención” de destruir “parcialmente” no un grupo político, sino un “grupo nacional”. El tema de la destrucción parcial, se basa en el TPIY, según el cual el modo de evaluación de dicha parcialidad concierne a la “sustancialidad”: “la porción aniquilada representa el liderazgo político, administrativo, religioso, académico o intelectual de una población y que el eje para dicha percepción «debe ser visto en el destino del resto del grupo»” (Feierstein 2007, 52).

A pesar de que la interpretación de Garzón no prosperó en términos jurídicos, brindó antecedentes, moldeó algunas dimensiones de la memoria colectiva y, sin duda, de la historiografía.

LA PERSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA: PRÁCTICAS GENOCIDAS


Respecto de Chile y de la propuesta de Garzón, puede alegarse que si bien no todos los asesinados y desaparecidos pertenecían explícitamente a partidos políticos opositores, todos ellos fueron perseguidos y aniquilados en función de motivos políticos, que puede resumirse como la tentativa de eliminar toda posible resistencia a la nueva hegemonía (en el sentido de Gramsci) establecida por la élite dominante emergente[2]. Desde esta idea-fuerza, podemos aproximarnos a una perspectiva histórico-sociológica del genocidio que, como señala Barbara Harff (2005), más que basarse en la definición jurídica, lo hace desde lo empírico, es decir, desde el análisis y la comparación de casos.

Dicha autora explica lo siguiente: “El escenario que conduce a un genocidio ideológico se inicia cuando una nueva élite asume el poder, generalmente a través de una guerra civil o una revolución, con una visión transformadora de una nueva sociedad depurada de elementos indeseable y amenazadores” (2005, 180). Es decir, cuando para instalar su dominación, necesitan eliminar ciertas categorías de individuos susceptibles de implicar resistencia.

Feierstein, desde una perspectiva más sociológica, acuñó el concepto de genocidio reorganizador, el cual “remite a la aniquilación de las relaciones sociales hegemónicas al interior de un Estado nación preexistente” (2007, 100), que actúa “con el objetivo de clausurar aquellas relaciones que generan fricción o mediaciones al ejercicio del poder –contestatarias, críticas, solidarias- y reemplazarlas por una relación unidireccional con el poder, a través del procedimiento de la delación y la desconfianza” (2007, 104). Las muertes, en este tipo de genocidio, precisa, “cobran su carácter de medios y no ya de fines” (2007, 104). El fin de dicho tipo de genocidio es reorganizar las relaciones sociales al interior de una nación, para lo cual aniquilar a los representantes de las antiguas modalidades de relación social y a aquellos que oponen resistencia a esta suplantación, es un paso previo necesario. El proceso se dirige a la sociedad como conjunto, para lo cual el terror será el arma privilegiada (torturas, ejecuciones, prisión política, desapariciones), y los campos de concentración el dispositivo más probadamente adecuado para sembrarlo.

Desde este punto de vista, aquella parte de la población que se constituyó en víctima del poder dictatorial, podría definirse en términos de “poder popular”, es decir de aquel poder “que hace frente a lo hegemónico” (García Canclini 1987, 5), que se ejerce a través de mecanismos distintos a los de la representación en partidos políticos y fundamentalmente desde las organizaciones sociales de base; pobladores, sindicalistas, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, entre otros, desde instancias horizontales de diálogo y debate entre diversos actores sociales, y que promuevan la mantención de dicha diversidad, tanto como la educación y la unidad (Garcés 2005).

Se trata de toda esa cohorte de personajes e identidades sociales que se desarrollan apuntando a la elaboración de prácticas contra-hegemónicas. Un sujeto crítico al poder autoritario de las minorías. Siguiendo la tesis aquí expuesta, este grupo contra-hegemónico se caracteriza, más que por su militancia política, por practicar y transmitir un determinado modo de relación o de lazo social, que es el que la dictadura buscaba aniquilar para instaurar su proyecto económico. Dicho lazo social, caracterizado por la mancomunidad, la solidaridad, la confianza recíproca, la autogestión, la horizontalidad, no es propicia a la instalación ni a la mantención de un régimen autoritario de corte neoliberal. La implantación de este sistema requería, por lo tanto, la reorganización coherente de los tipos de relación social imperantes, es decir una sustitución de los lazos sociales imperantes. El tipo de lazo social necesario a la revolución neoliberal iniciada el ’73 (que me parece fue finalmente afiatado por los gobiernos de la Concertación), está hoy ampliamente difundido en nuestra sociedad: individualismo, consumismo, desconfianza, sentimiento de inseguridad permanente, deficiente participación ciudadana, relación vertical con el poder, excesiva competitividad, falta de cuestionamiento a lo establecido, obediencia, entre otros. Este esquema de destrucción-sustitución, fue señalado por Lemkin bajo el modo de la colonización, donde el “enemigo” no era interno, sino extranjero, y en el caso de Chile y otras dictaduras del Cono Sur se repitió bajo la forma del enemigo interno y la imposición de su patrón de lazo social.

A los grupos de personas que representaban los antiguos modos de relación social, es decir, al “enemigo interno”, se le llamó “subversivo”, “marxista-leninista”, siguiendo la semántica de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el vocabulario de la Guerra Fría. Se le perseguía por buscar imponer una doctrina foránea, atea y juzgada por ende inmoral, lejana a la “moral cristiana occidental” que ha definido a las élites dominantes de nuestro país desde la Colonia, por atentar contra la Patria, es decir por traición, y por buscar así subvertir la supuesta “identidad chilena”, entonces llamada “chilenidad”.

Quizás es necesario introducir aquí una pieza de desconfianza necesaria, en el sentido subrayado por Whitaker del debate en el Consejo Económica y Social de la ONU: “Se alegó que al dejar fuera a los grupos políticos y de otra índole fuera de la pretendida protección de la Convención se dejaba una escapatoria amplia y peligrosa que permite exterminar a un determinado grupo, ostensiblemente con la excusa de que se hace por razones políticas” (en Lemkin 2009, 428), mediando la salvedad mencionada antes de que de todos modos los motivos que venimos señalando son políticos, aunque con una idea de “lo político” más amplia que las militancias y los partidos.

La categoría de “subversivo”, utilizada por el régimen militar para denominar al enemigo interno, constituyó una verdadera trampa semántica, abarcando toda clase de ciudadanos que cuestionaban o simplemente no adherían al régimen militar impuesto. Oficialmente, el perseguido por el régimen era el “subversivo”, es decir el militante comprometido con la lucha revolucionaria armada, mientras que en la práctica, gran parte de las víctimas no formaban parte de dichas organizaciones, ni compartían necesariamente su ideología.

El Decreto Ley Nº 1552, Acta Nº 3 de la Junta militar (Diario oficial, 13 de septiembre de 1976), es un ejemplo flagrante de lo anterior:

“Todo acto de personas o grupos destinados a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido o a la integridad o funcionamiento del Estado de Derecho, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.” (en Brinkmann 1999, 39) [Mis cursivas]

Para destruir un tipo de lazo social, para eliminar la oposición, la resistencia, de modo tan abrupto, de modo tan permanente, no hay modo que no sea la arbitrariedad, la violencia, la deshumanización, y la demostración abierta de esas características. Cortar las cabezas de los líderes de los partidos, de las organizaciones de base, hacer demostraciones de brutalidad y de intransigencia, para sembrar el terror y, así, la pasividad:

“Sea esta una cuestión calculada o no (y lo es en la mayor parte de los casos) el objetivo central de la tortura es siempre la intimidación. Esta busca crear el terror y paralizar la iniciativa de participación política. En una palabra, es un recurso de poder destinado a modelar a los individuos de acuerdo a sus requerimientos, vale decir, dentro del mayor aprecio por el orden y la disciplina.” (Otero y López 1989, 76-7)

Junto con detener, exiliar, asesinar, acallar con la tortura, desaparecer a los dirigentes de los partidos políticos opositores, a los dirigentes de base, a los militantes, había que hacer lo suyo con familiares, rebeldes, estudiantes, homosexuales, indígenas, intelectuales. Sus muertes, sus desapariciones, sus torturas tenían en valor simbólico de la advertencia, la amenaza a todo aquel que se oponga o pudiera oponerse al “Nuevo Orden” (Auto de Procesamiento 10.12.98 contra Augusto Pinochet Ugarte, 254) que con sangre iba a instalarse en el país:

“Basta con «quitarle la vida al grupo» -en otras palabras, eliminar o intentar eliminar tanta cantidad de gente, que el grupo deja de funcionar como una entidad social o política. (…) es característico que los perpetradores intenten destruir la capacidad de los grupos opositores de desafiar o resistirse al régimen mediante el ataque a sus potenciales seguidores.” (Harff 2005, 176)

Como lo subrayó Lemkin (2009), no son entonces sólo los asesinatos, sino todo un sinnúmeros de actos, estrategias y dispositivos, los que colaboran en este proyecto. Prácticas genocidas que, aunque no directamente asesinas muchas de ellas, producen el estado social y político previo necesario para los asesinatos, los justifican y legitiman y también prosiguen su impulso destructivo hasta los sustentos culturales, existenciales y simbólicos, hasta las representaciones y los imaginarios del grupo que se busca eliminar. En palabras de Lemkin, se trata de “un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de ciudadanos, con el propósito de aniquilar a los grupos mismos” (2009, 154), por lo cual distinguió las prácticas genocidas e distintos niveles; político, social, cultural, económico, biológico, físico, religioso y moral.


MECANISMOS DE LEGITIMACIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO



ra bien, uno de los aportes centrales de la perspectiva histórico-sociológica de las prácticas genocidas es prevenir respecto de las condiciones que deben producirse en un país, para que se desarrollen dichas prácticas, o al menos de las condiciones que históricamente se han visto ligadas a su aparición. En este aspecto, las tensiones socio-políticas, el tipo de ideología de quienes tienen el poder o buscan obtenerlo, la construcción del otro y los mecanismos de legitimación son imprescindibles de analizar.

En cuanto a las tensiones socio-políticas, es necesaria la producción de un conflicto político, es decir “un cambio abrupto en la comunidad política causado por la formación de un estado o un régimen a través de un conflicto violento” (Harff 2005, 182), como golpes de Estado, “que resultan en el ascenso de élites políticas que adoptan ideologías extremistas” (2005, 182), especifiquemos para el caso chileno; élites político o cívico-militares. El conflicto político no es entonces suficiente, sino que es necesaria un tipo particular de ideología. Esta ideología se caracteriza por una visión binaria y excluyente del mundo, donde hallan “dos grandes campos enfrentados, el propio y el ajeno” (Calveiro 2004, 52). Se trata de la construcción de un mundo bipolar donde se encuentran de un lado nosotros, quienes forman parte de las redes del poder o quieren tomárselo, y del lado opuesto los otros; los “enemigos” a quienes es necesario eliminar.

La articulación de este tipo de ideologías, implica el delineamiento de una otredad o alteridad (Calveiro 2004; Feierstein 2007) definida en términos negativos e irredimibles. Una alteridad que se minusculiza, que se rebaja hasta extraer de ella todo resabio de humanidad que haga posible la identificación y, por ende, cualquier sentimiento moral de repulsa, de indignación respecto de su exterminio. Se trata de una deshumanización del otro y la búsqueda de legitimación, en la acción o el silencio, de esa imagen y las consecuencias que le siguen.

“La suposición [liberal] es que el asesinato masivo de miembros de la propia especie es repugnante para el ser humano, y que la legitimación ideológica es una pre-condición necesaria para el genocidio” (Kuper 1981, 84). Estas legitimaciones no advienen sólo retroactivamente como podría parecer, para justificar actos perpetrados, sino que en general circulan antes del genocidio, y creo que pueden concebirse como prácticas genocidas. Requieren aparatos de propaganda de amplia difusión, como El Mercurio en nuestro país, que muchos antes del golpe ya estaba colaborando en la divulgación de ideas rebajatorias de la dignidad del oponente, utilizando metáforas deshumanizadas para referirse a ellos, acusando la existencia de planes tenebrosos de su parte y, en suma, haciendo pasar la idea de que la única manera de hacer frente a tal enemigo, poderosísimo e irredimible, era a través de las armas y la violencia. Y todo ello con financiamiento y planificación de la CIA. Recuérdese a este respecto el famoso “Plan Zeta”, divulgado el mismo 1973, donde se intentaba demostrar la existencia de un plan de autogolpe de las facciones armadas de la UP que derrocarían a Allende y tomarían el poder, asesinando a miles de militares y civiles representantes de las élites político-económicas tradicionales, para instalar la dictadura del proletariado. O también, en 1975, la tristemente conocida “Lista de los 119” (Operación Colombo en la jerga de la DINA), donde con un montaje comunicacional regional, se ocultaba la desaparición de 119 miristas, y en el cual se declaraba que se habían matado entre sí por asuntos de dinero y de venganza, donde se los llamaba “ratas”, entre otros apelativos deshumanizantes.

Esta construcción es extremadamente relevante desde el punto de vista del apoyo civil, puesto que para adquirir legitimidad, los aparatos genocidas debe superar los escollos que la moral y el Estado de Derecho podrían oponer al aniquilamiento. Analizando los modos de construcción de la otredad negativa en el régimen nazi (cuyo departamento de propaganda, a cargo de Joseph Goebbels tenía una función crucial), se aprende mucho del tema: el otro no sólo debe ser diferente, sino además amenazante y peligroso. Su aniquilación se sostiene en el argumento de la protección del semejante y de su supuesta comunidad, y justamente, como señala Kuper, la deshumanización se define “como la negación de la identidad y la comunidad” (1981, 87).

Refiriendo las clásicas tesis de Berger y Luckmann (2005), Feierstein (2007) explica que esta nueva construcción del otro, para alcanzar la legitimidad esperada y anclarse en el imaginario social, debe tener una carga afectiva, para lo cual no sólo hace uso de la identificación excluyente y del peligro y la protección de los “nuestros”, sino que además retoma elementos del pasado histórico; la dominación de las oligarquías cívico-militares aristocráticas, católicas y conservadoras, las glorias del Ejército en la defensa de la “chilenidad”, el legado de O’Higgins y Portales, entre otros. Así es como el Decreto Ley Nº1, que establece el “Acta de Constitución de la Junta de Gobierno” (Diario oficial, 18 de septiembre de 1973), puede establecer que su objetivo es “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas” (Comisión Rettig 1991, 46). El gobierno de Allende habría quebrantado una tradición histórica, la dominación de las élites oligárquicas –lo que en efecto fue así-, que se asume propio de una cierta “identidad” nacional.

Sin embargo, como algunos han demostrado, el proyecto supuestamente “restaurador”, no lo era tanto, sino que era más bien revolucionario. En la práctica, el orden institucional dictado por la Constitución de 1925 dejó de operar desde el mismo 1973, aunque ello se confirmara entre 1975 y 1977, con la redacción de la nueva Constitución (Cristi 1993). Lo reafirma Pinochet en el “Discurso de Chacarillas”, pronunciado en 1977 a un grupo de jóvenes que hoy forman la coalición de gobierno:

“(…) el 11 de septiembre no significó sólo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo. No se trata pues de una tarea de mera restauración sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional.” (Pinochet 1977) [Mis cursivas]

Enraizando en esta tradición de la dominación de una minoría cívico-militar oligárquica, conservadora, se advierte entonces cómo el proyecto dictatorial no buscaba lograr el apoyo de la gran masa popular. Lejos de ello. Requería el apoyo y la legitimación de las clases dominantes que, con la esperanza de recuperar sus riquezas y el control del país, pusieran su dinero y el control de los medios de comunicación a disposición de la Junta militar, abriendo con ello las puertas a las prácticas genocidas que las asegurarían en su lugar. Los enemigos eran construidos como una masa armada de seres violentos, ateos y liberales que amenazan la integridad individual, familiar y social. Se trataría de personas sin valores, envidiosas, holgazanas, ambiciosas, que quieren introducir ideologías foráneas en el país, que han traicionado, y que por resentimiento buscarían hacerse del poder, despojar a los ricos de sus riquezas y eventualmente asesinarlos sin piedad (Plan Zeta).

La metáfora del “cáncer marxista” en boca de Pinochet y otros, es elocuente a este respecto: el otro es una enfermedad que ataca, se expande silencioso, corroe y degenera el cuerpo social. En sí mismo es incurable, sólo la extirpación del pedazo enfermo logrará que el resto del cuerpo resista al “contagio”. La única alternativa es su eliminación. La más mínima partícula restante puede volver a dispersar toda la enfermedad. Se constata así que la transformación del grupo enemigo no estaba en agenda, la represión no era una evangelización, se trataba de acabar con los enemigos, no de cambiarlos de bando.

De manera muy clara lo dice también Hugo Rosende, entonces Ministro de Justicia, el 12 de marzo de 1985, en el 4º aniversario de la entrada en vigor de la nueva Carta Fundamental: “Las normas transitorias de la Constitución han tenido justamente por objeto limpiar la pradera de estas malezas [los marxistas], detener la erosión, disponer del tiempo necesario para devolver su fecundidad a la tierra.” (Rosende 1985, C2)

Esta construcción del otro colabora ampliamente en la adherencia de las clases poderosas, en el silencio o en la acción, a las prácticas genocidas. Sin embargo, las estrategias mediáticas no son suficientes. Como ya se hizo mención, otro de los grandes puntos de apoyo es el terror, que se dirigiría preferentemente no ya a las clases dominantes, sino a las capas medias y populares.


CAMPOS DE CONCENTRACIÓN, TORTURAS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS


Llevar a cabo este proyecto de reorganización de las relaciones sociales y del sistema económico, no habría sido posible sino en “condiciones de dictadura, de un gobierno que no es responsable ante nadie”, asevera Yocelevsky (2002, 126). En nuestro país vivimos 15 años de renovación de estados de excepción (estado de sitio, de guerra, de conmoción interior, entre otros). Como advierte Agamben, “el campo es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla” (Agamben 2002, 38).

Los campos tiene dos funciones esenciales; la aniquilación del enemigo y la “atemorización del noventa por ciento” (Kogon 2005, 59). El sentimiento de que hay un poder arbitrario, inapelable y ubicuo genera terror y, con ello, desconfianza, silenciamiento de toda crítica u oposición y fragmentación de la resistencia. En suma, desmovilización (Yocelevsky 2002) o despolitización (Calveiro 2004) de la sociedad. Hernán Valdés, enviado a Tejas Verdes, lo expresa del siguiente modo:

“Con todo su gigantesco aparato, los campos constituyen una excelente solución para estos apóstoles de la limpieza. Quienes salen de ellos –después de pruebas de humillación y terror inenarrables- son en efecto seres neutralizados, «limpios». Ellos no volverán a abrir la boca para protestar ni pondrán sus oídos donde se escuchen protestas. (…) En un par de años o antes se habrá logrado el milagro de un país de sordomudos.” (1974, 6) [Mis cursivas]

Valdés sostiene lo anterior en relación a aquellos que, con él, sobrevivieron a los campos de concentración, pero rige también para quienes se encontraban en su exterior, para la sociedad que aloja a los campos. Para infundir el terror, es necesaria la idea de que el poder es arbitrario, que puede recaer sobre cualquiera, que no hacía falta necesariamente ser militante. Era demás sumamente necesario que los campos de concentración no fueran secretos o que sean, de manera algo más sutil, “secretos a voces” (Calveiro 2004, 47). En ello, el rumor cumple una importante función: todo el mundo estaba al tanto, o al menos podía estarlo, de la transformación del Estadio Nacional de Santiago, por ejemplo, en campo de concentración. Puede pensarse que el hecho de que todo aquello se supiera no era un “error” o una filtración, sino justamente una de las armas del poder.

Lo esencial, y en ello personas como Miguel Krassnoff eran expertos, es que a través de la atemorización endémica de los ocupantes de los campos y de la sociedad circundante, el poder represor se asegura la colaboración. La desaparición de personas fue un arma particularmente eficaz en este sentido:

“La opción por hacer desaparecer personas pasaba fundamentalmente por el disuadir a todos los demás de erigirse en opositores. (…) Por eso, algunos e incluso muchos de los que no tenían militancia política, también desaparecieron. No fueron inútiles al poder porque contribuían a crear la ficción de que cualquiera podía desaparecer. De esa ficción se nutría el miedo y el miedo fue uno de los principales mecanismos de control de los militares sobre la sociedad chilena. (…) es una relación existente la que se busca romper. La desaparición se ataca a lo que la sociología se complace en llamar «redes sociales».” (García 2000, 89)

Colaboración pasiva con el silencio, o bien activa a través de la delación, la denuncia u otros medios. El Bando nº1 de la Junta era claro en este sentido: “El deber de la ciudadanía consciente es respetar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo” (en Garretón et. al. 1998, 57), es decir, a quienes opusieran resistencia. Denuncie a su compañero, a su vecino, a sus familiares opositores. Delate, póngase de nuestro lado y estará seguro. Ponga su supuesta seguridad por delante de la vida del otro: ese era el llamado de la Junta militar. Como dice Feierstein: “El delator es uno de los modos más absolutos de degradación humana: su vida se sostiene en la muerte del otro.” (2007, 130)

Es necesario que el individuo tema constantemente poder ser ubicado del lado del “enemigo”, y que siendo “enemigo” tema por su vida, que esté continuamente amenazado en ese sentido, para que pase del lado del perpetrador y subvierta radicalmente los lazos sociales hasta entonces establecidos:

“Muchas veces acertado, otras veces erróneo, el señalamiento del estigmatizado constituía un modo de construcción de una nueva relación social que, amparada en las necesidades de supervivencia, generaba un quiebre con la propia identidad y clausuraba definitivamente cualquier posibilidad de cooperación con un par, dado que el delator comprende con cabal claridad, desde la asunción de la propia condición de delación, que todo «otro» es, en definitiva, un potencial delator.” (Feierstein, 2007, 131) [Mis cursivas]

La instalación del terror en el seno de la sociedad civil, permite al aparato represor funcionar más allá de sus propios límites, es decir, más allá de los límites de su propia “visión”, instalándose en los individuos mismos, internalizándose. Produce así, una nueva subjetividad, haciendo de soporte a la construcción de este nuevo modo de relación social, más acorde a la nueva sociedad.

Como señala una pobladora que hasta el golpe había sido coordinadora de los “centros de madres” de su población:

“La vida en la población ha cambiado totalmente a partir del 11 de septiembre. Todas las organizaciones populares han sido prohibidas. (…) También vivimos con el miedo constante de ser denunciados y detenidos. (…) Vivimos entre desconfianzas, muchas veces hay que desconfiar incluso del vecino, prestar mucha atención a lo que se dice (…)” (Katz 1975, 68-9) [Mis cursivas]

Las relaciones de solidaridad, de reciprocidad, de complicidad, las relaciones de confianza con el otro, son destruidas por este tipo de poder y su dispositivo concentracionario. Una sociedad de la sospecha, donde el otro es aquel con quien debo disputar mi lugar, se instala. A un proyecto colectivo que se sobreponía al individual –como se trataba, en efecto, en las militancias que el régimen perseguía-, a un proyecto inclusivo, basado en la conjunción del “tu y yo”, se sustituye un tipo de relación paranoica al otro, donde la cuestión ya no es la del “nosotros”, sino la de la exclusión: “tu o yo”.

El doblegamiento, la “confesión” y la colaboración son objetivos cruciales de las policías secretas y los campos de concentración. Quien sucumbe al terror y es doblegado, entra en un proceso casi irreversible de transformación subjetiva, dominado por la culpa, la desconfianza y la soledad. El espiral de la colaboración y la delación arrasa con los antiguos modos de sociabilidad del sujeto, obligándolo a establecer un nuevo tipo de lazo social carcomido por el terror. Los torturadores, jactándose constantemente del doblegamiento y de la colaboración de los detenidos (como método para producirlo y como algo que les demuestra de su abyección), refuerzan esta desconfianza, generando la fragmentación del grupo en individualidades que se relacionan vertical y solitariamente con el poder, imposibilitando así la producción de una “comunidad” susceptible de oponer resistencia. Lo que es además propiciado por las condiciones en que se encuentran de estar vendados y amarrados casi todo el tiempo, es decir, sin poder mirarse ni tocarse, y con la amenaza estricta de no hablarse.

La “Flaca Alejandra”, es en nuestro país el caso emblemático del doblegamiento y la delación. Dirigente del MIR, es detenida en mayo de 1974 en Curicó, donde es sometida a numerosas sesiones de tortura. Luego es llevada por la DINA a Santiago, donde circula por varios campos (Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi), convirtiéndose en una de las principales delatoras de sus compañeros de partido y, por lo tanto, en colaboradora de la DINA. “Marcia, que era como nosotros, que era de nosotros, ¿cómo llegó a convertirse en eso, a convertirse en qué?”, se pregunta Carmen Castillo (1993)

“Sobre ellos [los delatores] el campo de concentración funcionó, alcanzó su objetivo […] y constituyen el tipo de sujeto que produce el campo de concentración” (Calveiro 2004, 44-5). La práctica de la delación es esencial para destruir las relaciones de reciprocidad y las posibilidades de resistencia. Como Marcia Merino señala, con la delación y la subsecuente desconfianza generalizada respecto de sus compañeros de celda y de sus ex compañeros de partido, no le quedaba más remedio que relacionarse de manera directa e individual con Krassnoff, y vivir en la ilusión de mantener con él una relación “especial”, de confianza y de protección. Se produce así un quiebre no sólo de la identidad, sino también de la autonomía, y el sujeto se transforma en un “ente maleable”, como dice Carmen Castillo, un “títere”, un ente subyugado, completamente entregado a los caprichos del poder.

Por otra parte, los campos son esenciales en lograr una de las “fases” del proceso de deshumanización. Todorov señala: “se induce primero a un comportamiento que aparezca como «animal»; después, en buena conciencia, se trata a esos seres como animales, o peor” (1993, 188). Siguiendo la misma idea, Calveiro relata lo que sería una doble función, la primera referida al enemigo; reducirlo, denigrarlo, humillarlo. La segunda, relativa al perpetrador; permitir y justificar su acción:

“La capucha y la consecuente pérdida de la visión aumentan la inseguridad y la desubicación pero también le quitan al hombre su rostro, lo borran; es parte del proceso de deshumanización que va minando al desaparecido y, al mismo tiempo, facilita su castigo. Los torturadores no ven la cara de su víctima; castigan cuerpos sin rostro; castigan subversivos, no hombres. Hay aquí una negación de la humanidad de la víctima que es doble: frente a sí misma y frente a quienes lo atormentan.” (2004, 37) [Mis cursivas]

Del mismo modo, Valdés reconoce haber pensando instantes antes de ser torturado: “Entiendo la necesidad de este capuchón: no seré una persona, no tendré expresiones. Seré sólo un cuerpo, un bulto, se entenderán sólo con él” (1974, 32).


PARA UNA DISCUSIÓN ¿CAMBIO O CONTINUIDAD?



Una sociedad donde esto ha sido posible, donde esto ha sido producido, ¿en qué se transforma? ¿cómo restaurar, después de eso, las confianzas, los proyectos comunes, la idea misma de reciprocidad y de solidaridad? ¿la capacidad de re-unirse para ejercer la democracia?

Feierstein afirma, respecto de Argentina:

“La «reorganización nacional» buscaba precisamente lo que hoy nos encontramos: que la sociedad estuviera atomizada en infinidad de reclamos individuales, en miles de caracterizaciones imposibilitadas de dialogar entre sí, en multiplicidad de identidades (nacionales, étnicas, sexuales y, por supuesto, también políticas) encerradas en sí mismas, encapsuladas en su mero interés corporativo, incapaces ya no de indignarse sino siquiera de darse por enterados de las necesidades del otro.” (2007, 360)

¿Hasta qué punto esto no es también así en nuestro país? En el prólogo escrito en a la 3º edición de Chile actual. Anatomía de un mito, Moulián escribe lo siguiente:

“El Chile actual del 2002 sigue siendo una sociedad donde prima el modelo socioeconómico de «economía libre», cuyos lineamientos generales fueron definidos durante la dictadura y donde, como es natural, sobreviven sus plagas asociadas. Ellas son: a) una democracia de baja intensidad invadida por la ideología tecnocrática, cuyo formalismo genera una fuerte indiferencia hacia la política institucional y un alto desprestigio de los profesionales de la actividad y b) una cultura en la cual priman los componente individualistas y adquisitivos por sobre los componentes asociativos y expresivos.

Ha seguido funcionando la lógica del «transformismo» que el libro denuncia: las instituciones socioeconómicas fundamentales de la dictadura, su concepción despolitizada de la política y su cultura individualista, competitiva y adquisitiva han conseguido reciclarse exitosamente en democracia.” (2002, 9-10)

El proyecto de transformación de la sociedad chilena, impulsado por la dictadura, era imposible de instalar de otro modo que no fuera la demostración, uso y abuso de la fuerza, la violencia y el terror. El Estado de Derecho no se presta a aquellas transformaciones radicales. Era necesario el estado de excepción, la disfuncionalidad y colaboración (que en este caso son lo mismo) del Poder Judicial y los campos de concentración, para que dicho proyecto pudiera implementarse. Como ya he subrayado, los campos cumplen allí un rol determinante, puesto que su funcionalidad no se agota en lo que produce en sus ocupantes, sino que se continúa hacia el núcleo de la sociedad. Su efectividad no termina en el asesinato o transformación de subjetividades, sino que se continúa hasta los sostenes simbólicos de un lazo social.

Una vez que se produjo la llamada “vuelta la democracia”, a través del mecanismo de “transición pactada” y siempre bajo las coacciones de la Constitución de 1980, con los militares aún en el poder, con una ley de amnistía, con un Informe Rettig que se negaba a dar los nombres de los culpables, ¿con qué nos enfrentamos? ¿continuidad o ruptura? ¿La transición no habrá servido a los fines de la dictadura, a la reorganización por ella implementada? ¿No son también ahora reprimidos con violencia policial todo tipo de manifestaciones públicas, por más autorizadas que estén? No somos aún, y más que en 1990, individualistas, consumistas, conformistas, no participativos (o sólo a través del voto), temerosos del poder, desconfiados?


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[1] Para intentar sortear esta dificultad, algunos autores como Barbara Harff y Ted Gurr (1988), han propuesto trabajar con el concepto de “politicidio”, “tratando de incluir y diferenciar dos procesos que consideraban cualitativamente distintos, aun cuando eran homologables desde el punto de vista jurídico.” (Feierstein 2007, 61). Estos se diferenciarían en función de las características de los grupos-víctima, donde las víctimas del politicidio serían aquellas de oposición política al régimen o grupos dominantes. De todos modos, tal como los mismos autores señalan, esta distinción puede ser útil a la hora de hacer una tipología del genocidio desde la perspectiva de las ciencias sociales, mientras que desde una mirada jurídica aquella sería superflua por cuanto los procesos serían análogos jurídicamente hablando. Por otro lado, pensamos que la utilización de un concepto diferencial para los genocidios dirigidos a grupos políticos podría inducir a problemas de jerarquización de los distintos tipos de genocidio, donde el politicidio serían, por así decir, de menor rango, a la vez que podría “desvanecer su inclusión estructural en el concepto de genocidio” (Feierstein 2007, 72).

[2] Desde este punto de vista el caso chileno podría muy bien adecuarse a la definición de politicidio. No obstante, se ha optado en este escrito por utilizar la de genocidio, a fin de evitar los riesgos ya señalados y de ligarlo de manera más directa a la noción de “prácticas genocidas” que abarcarían también distintos tipos de genocidio, entre los cuales podría ubicarse el politicidio o el genocidio por motivos políticos.


 

Silvana Vetö H.

Doctorante en Historia, mención Historia de Chile – Universidad de Chile, Psicóloga, Master 1 y 2 en Psicoanálisis – Universidad París 8, Psicóloga – UDP.
Profesora de Magíster en Psicología Clínica, Universidad Andrés Bello.
Líneas de investigación: Historia del psicoanálisis en Chile, Holocausto, Dictadura chilena y estudios de genocidio, vínculos entre historia y psicoanálisis, fundamentalmente a través de los conceptos de trauma y memoria. Participa de investigación sobre el Holocausto y temas afines en el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile.
Publicaciones en historia del psicoanálisis, estudios de trauma y Holocausto, antisemitismo y dictadura chilena.